Article Courtesy of The El Nuevo Herald

By JUAN CARLOS CHAVEZ

Published March 4, 2007 

Las disputas en las asociaciones de condominios y las denuncias de abusos de poder han puesto en alerta a la Legislatura de la Florida, en medio de crecientes temores de que el mal uso del dinero comunal podría desestabilizar aún más la crisis del sector inmobiliario.

Este lunes, el recientemente creado Comité Selecto en Condominios y Asociación de Propietarios (HOA), que encabeza el representante estatal Julio Robaina, presentará ante el pleno legislativo un informe sobre la situación, como resultado de cinco audiencias públicas realizadas en la península floridana.

que representa a las juntas directivas de 4,000 condominios en la Florida.

Los cambios que propondrá el HOA serían los más controversiales y de mayor alcance desde que Tallahassee decidió crear el cargo de ombudsman, un investigador estatal encargado de resolver los conflictos y quejas de los propietarios de condominios.

Entre las reformas que la Cámara de Representantes deberá ventilar figura otorgar el poder de citación a todas las oficinas locales del DBPR.

Actualmente, cualquier solicitud de poder de citación hecha por una agencia local del DBPR pasa por el filtro de Tallahassee, corriendo el riesgo de quedar atrapada en un complejo laberinto de trámites y pasos burocráticos.

Robaina piensa que inyectando una mayor autonomía y movilidad a las agencias locales del DBPR, todo el engranaje legal estará dando un paso hacia delante, evitando que sigan en aumento el número de casos no resueltos, como el que afecta a los propietarios del condominio Internacional Park II, en el condado Miami-Dade.

Los dueños de este complejo habitacional --la mayoría de ellos jubilados-- alegan que la autonomía del consejo directivo se ha excedido en sus funciones. Los propietarios encaran la posibilidad de que la asociación imponga un recargo especial de $186 como mínimo, durante los próximos seis meses, para solucionar imprevistos.

''Estamos viviendo una situación intolerable. Esta directiva y su presidenta, la señora Rosa Rúa, nos hace la vida imposible. Incluso se apoderó del clubhouse para instalar sus oficinas'', declaró José Calleja, un residente del condominio.

Rúa desestimó las alegaciones y dijo que su labor al frente de la asociación sigue lo que indica la ley. ''Son acusaciones infundadas, no hay pruebas, no hay documentos incriminatorios'', insistió.

Las crecientes denuncias de estafas harán que el HOA pida debatir al inicio de la sesión legislativa una norma que obligaría a los presidentes de las juntas directivas y a sus miembros a tomar cursos de administración y ética. El comité propondrá que el costo de estas materias sean cubiertas totalmente con recursos del Condominium Trust Fund.

Asimismo, el HOA planea establecer que las elecciones de las directivas sean monitoreadas por Tallahassee. El control se realizaría siguiendo reglas de juego aplicadas en votaciones oficiales, como el uso de una caja de seguridad para guardar las boletas electorales.

Por otro lado, el HOA pedirá hacer extensivo a escala estatal el programa piloto contra el fraude de condominios, creado por Robaina en el 2007, para que todas las estaciones policiales participen en la investigación oportuna de un caso donde existan evidencias de fraude.

Siguiendo con la iniciativa de cambios, la reforma de las regulaciones de condominios aspira a imponer penas de seis meses de cárcel para los directivos y miembros de asociaciones que no mantengan en sus archivos contables los récords financieros de los últimos cinco años.

''Lamentablemente, no estoy sorprendido. Hay mucha desconfianza y es normal que la gente comience a sospechar cuando encuentra trabas para conseguir reportes contables'', dijo Bill Raphan, encargado de la oficina del Inspector de Condominios en el sur de la Florida.

La Legislatura evaluará si deben exigir un fondo de garantía por tres años a los contratistas que habilitan un edificio de hotel para convertirlo en unidades de condominio (condo conversion).

La idea será cubrir los costos de reparaciones necesarias como resultado directo de un trabajo mal hecho.

Las autoridades reciben cerca de 1,000 quejas cada año sobre denuncias de abuso de poder en condominios; mientras, en la oficina de Robaina entran unas 40 llamadas diarias de propietarios inconformes.

Jan Bergemann, el director de Condo Crime Cibert Citizens for Justice, una organización sin fines de lucro, manifestó que el fraude en viviendas comunitarias hace mucho que tocó fondo en el Estado del Sol.

''La Florida está en aprietos'', dijo Bergemann refiriéndose al número de quejas en condominios. ''Ahora necesitamos más que un simple salvavidas'', precisó.