Article Courtesy of El Nuevo Herald

By JUAN CARLOS CHAVEZ

Published October 1, 2008 

Las denuncias por sospechas de malversación de fondos y abusos de poder en los condominios tendrán un significativo respaldo a partir de este 1ro de octubre, con la entrada en vigor de importantes cambios que rigen la administración de este tipo de asociaciones de propietarios en la Florida.

Entre otras cláusulas, el nuevo paquete de reformas contenidas en la ley HB 995 garantiza el derecho de los propietarios a exigir la anulación del contrato o su revisión en profundidad cuando haya sospechas de favoritismos en los procesos de licitación de obras.

Julio Robaina, representante estatal por el distrito 117 de Miami y principal promotor de la legislación, detalló que las modificaciones también fueron hechas para frenar en seco el fraude y devolverles la confianza a miles de familias que no están satisfechas con la situación actual.

"Por años los propietarios y residentes de condominios de la Florida estaban pidiendo que se cambiaran las leyes para lidiar con los abusos'', dijo Robaina.

La ley instaura también el poder de citación y fiscalización de las dependencias locales del Departamento Regulador de Condominios (DBPR, por siglas en inglés), que no sólo evitará el riesgo de que las quejas se estanquen en Tallahassee sino que puedan resolverse en un plazo promedio de 90 días.

Otra de las nuevas directivas implementadas prohíbe terminantemente a las juntas directivas utilizar dinero de las arcas del condominio para contratar un abogado y demandar a los propietarios que cuestionan a la administración de turno.

Las medidas fueron aprobadas por unanimidad en la Legislatura y refrendadas por el gobernador Charlie Christ con el objeto de fortalecer los derechos de los dueños de las unidades frente a las asociaciones y hacer más efectiva la tarea del DBPR, una entidad que durante los últimos años ha sido criticada por su lentitud en el trámite de las denuncias.

"Esta ha sido una victoria que ahora nos da la oportunidad para empezar a trabajar en otra ley marco, esta vez, dirigida a las asociaciones de vivienda'', afirmó Robaina.

Este tipo de asentamientos inmobiliarios tienen mucho éxito en ciudades como Orlando, Tampa y St. Petersburg. En el condado Miami-Dade, la ciudad del Doral cuenta con el mayor número de unidades residenciales.

Los cambios de la HB 995 para redoblar el arbitraje en los complejos habitacionales partieron de las recomendaciones formuladas por el Comité Selecto en Condominios y Asociación de Propietarios (HOA), un grupo de trabajo bipartidista que realizó cinco audiencias públicas para tomar el pulso a la situación.

Jan Bergemann, activista y director de Cyber Citizens for Justice, una organización sin fines de lucro que se hace eco de las irregularidades en los condominios, opinó que la legislación representa un paso seguro y en la dirección correcta.

"La reforma era muy esperada y realmente la necesitábamos'', dijo Bergemann, quien recientemente organizó una encuesta electrónica entre 1,033 dueños de casas que participan en asociaciones, para saber si estarían dispuestos a aprobar un marco regulatorio en la administración de sus propiedades.

Más del 93 por ciento respondió afirmativamente.

Vicky Elinet, residente del condominio Kenland Bend North, en el suroeste del condado Miami-Dade, dijo que esperaba que las modificaciones hagan justicia.

"Sin embargo, no deja de ser importante que nosotros actuemos y denunciemos, porque de lo contrario este cáncer nunca se va a acabar'', afirmó Elinet.

Por otra parte, Robaina resaltó que la reforma a la ley de viviendas comunitarias se hizo para tener acceso directo a los documentos contables y los récords financieros.

"Creo que este es uno de los puntos clave'', puntualizó.

Si desea obtener información general acerca de la ley de condominios (HB 995) visite la página electrónica www.myfloridahouse.gov.

Para datos adicionales y preguntas relacionadas sobre el impacto de las nuevas regulaciones puede comunicarse con la oficina del legislador Julio Robaina al teléfono (305) 442-6868.

Para contactar al investigador estatal encargado de hacer un seguimiento a las denuncias de abuso de poder cometidas por las juntas de los condominios llame al (954) 202-3234.