Article Courtesy of El Nuevo Herald
By JUAN CARLOS CHAVEZ
Published October 1, 2008
Las denuncias por sospechas de malversación
de fondos y abusos de poder en los condominios tendrán un significativo
respaldo a partir de este 1ro de octubre, con la entrada en vigor de
importantes cambios que rigen la administración de este tipo de
asociaciones de propietarios en la Florida.
Entre otras cláusulas, el nuevo paquete de
reformas contenidas en la ley HB 995 garantiza el derecho de los
propietarios a exigir la anulación del contrato o su revisión en
profundidad cuando haya sospechas de favoritismos en los procesos de
licitación de obras.
Julio Robaina, representante estatal por el
distrito 117 de Miami y principal promotor de la legislación, detalló
que las modificaciones también fueron hechas para frenar en seco el
fraude y devolverles la confianza a miles de familias que no están
satisfechas con la situación actual.
"Por años los propietarios y
residentes de condominios de la Florida estaban pidiendo que se cambiaran
las leyes para lidiar con los abusos'', dijo Robaina.
La ley instaura también el poder de citación
y fiscalización de las dependencias locales del Departamento Regulador de
Condominios (DBPR, por siglas en inglés), que no sólo evitará el riesgo
de que las quejas se estanquen en Tallahassee sino que puedan resolverse
en un plazo promedio de 90 días.
Otra de las nuevas directivas implementadas
prohíbe terminantemente a las juntas directivas utilizar dinero de las
arcas del condominio para contratar un abogado y demandar a los
propietarios que cuestionan a la administración de turno.
Las medidas fueron aprobadas por unanimidad
en la Legislatura y refrendadas por el gobernador Charlie Christ con el
objeto de fortalecer los derechos de los dueños de las unidades frente a
las asociaciones y hacer más efectiva la tarea del DBPR, una entidad que
durante los últimos años ha sido criticada por su lentitud en el trámite
de las denuncias.
"Esta ha sido una victoria que ahora
nos da la oportunidad para empezar a trabajar en otra ley marco, esta vez,
dirigida a las asociaciones de vivienda'', afirmó Robaina.
Este tipo de asentamientos inmobiliarios
tienen mucho éxito en ciudades como Orlando, Tampa y St. Petersburg. En
el condado Miami-Dade, la ciudad del Doral cuenta con el mayor número de
unidades residenciales.
Los cambios de la HB 995 para redoblar el
arbitraje en los complejos habitacionales partieron de las recomendaciones
formuladas por el Comité Selecto en Condominios y Asociación de
Propietarios (HOA), un grupo de trabajo bipartidista que realizó cinco
audiencias públicas para tomar el pulso a la situación.
Jan Bergemann, activista y director de Cyber
Citizens for Justice, una organización sin fines de lucro que se hace
eco de las irregularidades en los condominios, opinó que la legislación
representa un paso seguro y en la dirección correcta.
"La reforma era muy esperada y
realmente la necesitábamos'', dijo Bergemann, quien recientemente organizó
una encuesta electrónica entre 1,033 dueños de casas que participan en
asociaciones, para saber si estarían dispuestos a aprobar un marco
regulatorio en la administración de sus propiedades.
Más del 93 por ciento respondió
afirmativamente.
Vicky Elinet, residente del condominio
Kenland Bend North, en el suroeste del condado Miami-Dade, dijo que
esperaba que las modificaciones hagan justicia.
"Sin embargo, no deja de ser
importante que nosotros actuemos y denunciemos, porque de lo contrario
este cáncer nunca se va a acabar'', afirmó Elinet.
Por otra parte, Robaina resaltó que la
reforma a la ley de viviendas comunitarias se hizo para tener acceso
directo a los documentos contables y los récords financieros.
"Creo que este es uno de los puntos
clave'', puntualizó.
Si desea obtener información general
acerca de la ley de condominios (HB 995) visite la página electrónica
www.myfloridahouse.gov.
Para datos adicionales y preguntas
relacionadas sobre el impacto de las nuevas regulaciones puede comunicarse
con la oficina del legislador Julio Robaina al teléfono (305) 442-6868.
Para contactar al investigador estatal
encargado de hacer un seguimiento a las denuncias de abuso de poder
cometidas por las juntas de los condominios llame al (954) 202-3234.
|